La normativa necesita un análisis matizado de las infraestructuras tanto públicas como privadas
El Banco de Pagos Internacionales (BPI), organismo normativo internacional en materia de regulación financiera, desempeña un papel crucial en la configuración del panorama normativo mundial aplicable a los bancos y otros intermediarios financieros. Entre otras cosas, emiten normas relativas a los requisitos de capital para los bancos. Estas normas han sido modificadas recientemente para incluir reglas para los criptoactivos, y el BPI ha llevado a cabo consultas públicas en el contexto de dichas modificaciones. Parte de la última consulta es una revisión de la postura establecida previamente por el BPI respecto a los riesgos de las blockchain públicas y sin permisos. La Fundación Cardano participó en la consulta para aportar nuestro punto de vista sobre este importante asunto.
Es imprescindible que existan normas internacionales que reconozcan de forma exhaustiva el perfil de riesgo-beneficio de las blockchain públicas y que, al mismo tiempo, aborden las preocupaciones legítimas de los reguladores. No obstante, teniendo en cuenta su impacto significativo y de gran alcance en las infraestructuras descentralizadas y públicas en general, creemos que las conclusiones ofrecidas carecen de la suficiente transparencia y podrían hacer más para permitir una conversación abierta sobre las ventajas y desventajas del uso de blockchains públicas y sin permisos. De hecho, sin ofrecer una visión adecuada del análisis subyacente a las conclusiones, es muy difícil entablar un diálogo significativo y constructivo.
Impacto de las normas BIS sobre blockchain
En 2021, el BPI presentó por primera vez dos categorías principales para clasificar los criptoactivos según las normas modificadas. La primera engloba los activos tradicionales tokenizados -como acciones o bonos- y las stablecoins emitidas en una blockchain privada y autorizada. La segunda categoría abarca los criptoactivos sin respaldo, como ada o Bitcoin, y todos los activos tokenizados emitidos en una blockchain pública y sin permiso. Para éstos, el BPI exigió a los bancos que tienen dichos activos en su balance que aplicaran un tratamiento de capital extremadamente conservador. En pocas palabras, cuanto más conservador es el tratamiento del capital, más costoso resulta para los bancos mantener dichos activos.
El esquema de incentivos de las blockchain públicas y sin permisos se basa en sus propios tokens nativos. Dichos tokens actúan como mecanismos de recompensa para los operadores de los nodos, que dirigen la red entre pares verificando las transacciones y contribuyendo a su seguridad. Prácticamente todos estos tokens nativos entran dentro de la segunda categoría del BPI.
El hecho de que los bancos tengan que hacer frente a tales costes para equilibrar las exposiciones en tokens nativos, supone indirectamente el cierre de muchas de las empresas y desarrolladores que construyen sobre esa blockchain, o al menos de los servicios bancarios más sofisticados. Esto ya ha empezado a suceder en previsión de las nuevas normas y está perjudicando de forma desproporcionada a las empresas más pequeñas de blockchain y obstaculizando la innovación en todo el sector. En el esquema más amplio de las cosas, también crea lo que creemos que es una intervención desproporcionada para la infraestructura pública y sin permisos como un sector tecnológico completo, obstaculizando su potencial innovador.
Infraestructuras públicas frente a privadas
Teniendo en cuenta la historia de la regulación del BPI, es comprensible la preferencia por las infraestructuras gestionadas y controladas de forma centralizada. Tales sistemas operan con participantes conocidos e investigados, alineándose con criterios de riesgo y requisitos de mitigación familiares. El control centralizado ofrece un punto claro de contacto y responsabilidad.
No obstante, esta predilección intrínseca por el enfoque heredado corre el riesgo de limitar la innovación de la infraestructura en los mercados financieros. No debe subestimarse el potencial de las blockchain públicas y sin permisos para desafiar el paradigma de infraestructura existente y abordar retos como la consolidación de proveedores. En efecto, esto redundaría en importantes beneficios para las políticas públicas, por ejemplo a través de una mayor redundancia y resistencia de la infraestructura y la reducción de la dependencia de los proveedores.
Si bien los reguladores se centran acertadamente en la gestión del riesgo, el mantra demasiado simple de “lo público es igual a lo malo y lo privado a lo bueno” es contraproducente. Se requiere un análisis cuidadoso y matizado de las infraestructuras públicas y privadas, así como de sus ventajas y desventajas relativas. La desafortunada falta de transparencia de este último informe del BPI ofrece a la industria muy pocas oportunidades de abordar los riesgos identificados por el BPI de forma constructiva, ya que deja a la conjetura cómo se han extraído estas conclusiones.
Cómo abordar las principales preocupaciones del BIS
El BPI manifiesta su preocupación por el hecho de que las blockchains sin permiso dependan de terceros, en particular por la dificultad de llevar a cabo la diligencia debida sobre los operadores de los nodos, así como por su seudonimato y la falta de mecanismos tradicionales de rendición de cuentas (es decir, contratos). El BPI destaca asimismo el riesgo potencial de que un pequeño grupo de operadores de nodos adquiera demasiado poder. Aunque entendemos estas preocupaciones, también es importante, por un lado, reconocer los beneficios que ofrece la descentralización y, por otro, los mitigantes ya disponibles para los riesgos señalados.
Las blockchain sin permisos mejoran la capacidad de recuperación, eliminan la dependencia de proveedores únicos y salvaguardan la integridad de los datos mediante la distribución del control. Una infraestructura sin permisos bien diseñada fomenta la confianza entre sus participantes y puede rivalizar con la resistencia operativa de las infraestructuras financieras heredadas.
Las instituciones financieras también pueden operar ellas mismas los nodos o externalizar esta función a socios de confianza. De hecho, esto abordaría al menos algunas de las preocupaciones del BPI y, al mismo tiempo, impulsaría el conjunto de habilidades y la diversificación de los operadores de nodos, aumentando así aún más la resiliencia operativa. Del mismo modo, podría formar parte de un enfoque de mitigación menos oneroso que la actual división rígida entre infraestructuras blockchain privadas y públicas . En última instancia, este ejemplo ilustra la necesidad de un análisis exhaustivo de las compensaciones entre los riesgos de las infraestructuras sin permisos y las heredadas.
Encontrar un camino a seguir
En resumen, la trayectoria actual de la política del BPI parece desproporcionada y no ofrece un camino claro para la mitigación de riesgos por parte de la industria. Una mayor transparencia y apertura en torno al análisis realizado y a cómo se llegó a las respectivas conclusiones nos ayudaría a abordar las preocupaciones planteadas de una manera orientada a la búsqueda de soluciones. Como tal, nuestra contribución a la consulta ofreció el siguiente enfoque para su consideración:
- Enfoque ajustado al riesgo: Analizar los riesgos y los beneficios en todos los tipos de infraestructuras del mercado financiero -públicas o privadas- para establecer una base que permita debatir sobre la igualdad de condiciones con conocimiento de causa.
- Claridad para los bancos: Ofrecer directrices para una interacción segura con blockchains públicas y sin permisos, explorando estrategias de mitigación de riesgos como que los bancos operen sus propios nodos o subcontraten esta función.
- Diálogo abierto: Fomentar la colaboración continua con las partes interesadas para encontrar soluciones que aborden las preocupaciones y promuevan la innovación.
Independientemente de la metodología, la Fundación defiende la colaboración con los reguladores para garantizar que la tecnología blockchain se integre de forma segura en los sistemas financieros actuales. Una normativa clara y equilibrada no sólo ayudará a liberar el potencial de esta tecnología, sino que simultáneamente protegerá a los consumidores y mejorará la estabilidad del sistema financiero.
Instamos al BPI y a otros organismos reguladores similares a que ofrezcan información exhaustiva sobre los fundamentos en los que se basan sus conclusiones, con el fin de abrir líneas de diálogo eficaces con los expertos del sector. Del mismo modo, animamos a todas las entidades reguladoras a adoptar una perspectiva matizada sobre las blockchain públicas para que el mundo pueda aprovechar las ventajas únicas de esta tecnología de una manera responsable y, al mismo tiempo, abordar los riesgos a través de soluciones técnicas y una orientación reflexiva. La Fundación Cardano espera ayudar a dar forma a un futuro en el que la infraestructura de blockchain pública y sin permisos florezca dentro de un panorama financiero bien regulado y seguro.
Traducción al español de “Challenging the BIS’ conclusions on permissionless systems”, escrito por Benjamin Bürgi de la @Cardano-Foundation, en abril 30 de 2024.
Notas del traductor
- Corchetes del traductor.
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inglés. 
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